En julio de 2025, siete miembros del Ejército y cinco de la Fuerza Aérea fueron sorprendidos transportando cocaína y ketamina en vehículos oficiales. El caso, investigado por la Fiscalía, destapó la participación de funcionarios activos en redes de narcotráfico, algo que marcó un punto crítico en la crisis de seguridad del país.

Para muchos ciudadanos, fue un duro golpe a la confianza en las instituciones encargadas de protegernos. La pregunta que quedó flotando fue: si quienes tienen armas y recursos del Estado cruzan la línea, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?